El año escolar reprobado
 

La meta de impartir 200 días de clases, como establece la ley, quedó muy lejos de lo que podrá cumplir en este período el sistema educativo venezolano: a las continuas interrupciones educativas ordenadas por el CNE hay que sumar las fallas de los servicios de transporte, de agua y de luz, que conspiran contra la cotidianidad en las aulas. Las cifras más optimistas indican que solo se podrán completar 144 días de actividades escolares, pero eso variará en cada uno de los planteles afectados, según se hayan visto afectados por la crisis. Las renuncias de profesores, la diáspora y la deserción escolar, problemas no reconocidos oficialmente, también se confabulan contra el aprendizaje.


 

Este año escolar puede ser el último para el colegio Promesas Patrias. Luego de 57 años de funcionamiento, la pequeña institución, localizada en Colinas de Bello Monte, afronta un cierre inminente. Una serie de problemas se han ido acumulando para que la directiva tome la decisión de no abrir inscripciones para el próximo período: una de ellas es el éxodo de profesores. En bachillerato tienen que arreglárselas con 3 docentes para cubrir todas las asignaturas, el resto renunció y ha sido imposible sustituirlos, explica Ingrid Mijares, coordinadora del plantel. “Sufrimos mucho por tener que tomar esta decisión, pero con lo que se cobra por las mensualidades es sumamente difícil pagar el sueldo que un profesional debe ganar en este momento, y no podemos seguir funcionando sin dar educación como debe ser”.

Las renuncias de docentes son apenas uno de los múltiples agujeros por donde hace agua el sistema educativo nacional. La Asociación Venezolana de Educación Católica reportaba en marzo pasado la dimisión de 4.000 de ellos en sus escuelas afiliadas. Luisa Pernalete, coordinadora del programa de Educación para la Paz de Fe y Alegría, lo reconoce como un drama que padecen todos los colegios. “Tenemos el caso de una institución donde renunciaron 5 maestros en un mes, ¿cómo sustituyes 5 maestros?”.

Mientras medios internacionales como The Washington Post recogen cifras de ONG según las cuales 48.000 docentes han renunciado a escuelas públicas y privadas, el ministro de Educación, Elías Jaua, no reconoce esto como un problema. En una entrevista concedida al canal Globovisión afirmó que no tenía reportes de deserciones masivas de profesores. “De 500.000 educadores, según las estadísticas de zona educativa, no alcanzaron a 2.000 los que renunciaron este año y eso está además dentro de lo que es el promedio regular de renuncias, no hay en Venezuela un déficit de maestros”, dijo.

También aseguró que “hay una importante reserva de maestros desocupados”, y que mediante la micromisión Simón Rodríguez han logrado incorporar al sistema 12.000 docentes que no tenían trabajo. La cifra siembra serias dudas en la investigadora Olga Ramos, miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación y responsable del Observatorio Educativo de Venezuela. “Maestro no es cualquiera, es el que se forma en el tiempo que corresponde, y estas micromisiones están concebidas como programas temporales y pequeños, que tienen además con un alto componente político partidista; así que no pueden formar a un profesional con las competencias que se requieren”.

 

 

Odisea diaria

Lo que Jaua sí reconoció, sin embargo, es que el ministerio se ha visto obligado a sustituir docentes en los casos en que la falta de transporte se ha vuelto un obstáculo insalvable para llegar a los planteles. Se trata de uno de los problemas que ha hecho de la cotidianidad en las escuelas un desafío. En la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, entre otras instituciones, ese es uno de los impedimentos que los estudiantes de todos los estratos sociales aducen para explicar las continuas inasistencias a clases.

No se trata solo de la falta de unidades, sino también del costo del traslado, que conspira contra el ajustado presupuesto familiar, pues además el pasaje preferencial estudiantil quedó como un recuerdo de otra época. A esto se añade la falta de efectivo, señala Pernalete. “Hay madres que tienen que dedicarse a vender cosas, aunque sea menores, para completar el efectivo que necesitan para los pasajes”, señala.

La situación ha obligado también al uso de las “perreras” como transporte de escolares, irregularidad que fue cuestionada esta semana por la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, que considera que se incumple con normas que garantizan la protección de esta población. En un comunicado dirigido al ministro de Transporte, Carlos Osorio, le exigen que, con “prioridad absoluta gire las instrucciones, destine todos los recursos e implemente las acciones que sean necesarias para garantizar unidades de transporte público idóneas”.

Otras de las causas que se mencionan en la Encovi como barreras para la asistencia a las aulas incluyen la falta de comida en el hogar y en el centro educativo, así como los cortes del servicio de agua, además de los apagones, las protestas, las huelgas o paros del personal y la inasistencia de los maestros.

Las ausencias son de 46 de cada 100 estudiantes entre 3 y 17 años de edad de los estratos más pobres, y de 32 de cada 100 alumnos de las clases con mayores recursos, señala la encuesta. En ese sentido la crisis es democrática: los problemas que causan ausentismo no son exclusivos de los sectores más desfavorecidos. La directora del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, Anitza Freitez, una de las responsables del sondeo, cita el ejemplo de lo que ocurre con el agua. “Los racionamientos programados y no programados atraviesan todo el espectro social, no se trata solo de sectores marginados, como en otra época, sino también de urbanizaciones de clases medias y media alta”.

 

 

Cuesta arriba

Ramos considera que la agudización de la crisis de comida, transporte, agua y electricidad han convertido a este en el peor año en cuanto al cumplimiento de los objetivos escolares. “Lo que está ocurriendo en el sistema educativo pasa inadvertido: se elevó la irregularidad y la intermitencia en la asistencia”. Las consecuencias atentan directamente contra la calidad de lo que se aprende, advierte. “El maestro se ve obligado a reprogramar, porque debe repetir los contenidos para que no se rezaguen los que faltaron. En consecuencia, los tiempos para los aprendizajes se reducen”.

A esto se agrega que, aunque no se haya reconocido oficialmente, en instituciones públicas y privadas han comenzado paulatinamente a dar por finalizado el año escolar, que en realidad debería prolongarse hasta finales de julio. El cuadro alarma a Pernalete. “Hay que recordar que este es un año escolar que comenzó con una pata coja: tuvimos que terminar antes el año pasado por la convocatoria de la elección de la asamblea nacional constituyente, así que muchas tareas que quedaron pendientes tuvieron que retomarse en septiembre”. En este período el Consejo Nacional Electoral suspendió en tres oportunidades las clases de manera obligatoria, recuerda. “Los derechos de los niños tienen prioridad absoluta, como establece el artículo 78 de la Constitución y la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero el Estado venezolano pasa por encima de esto y pone a competir derechos contra derechos”.

Lejos quedó la meta de la Ley Orgánica de Educación que establece que en las escuelas deben dictarse 200 días efectivos de clases. Los cálculos de Ramos indican que con dificultad podrán dictarse 144 días, en caso de que hubiera actividades hasta el 31 de julio, pero incluso esa cifra luce optimista. “Existen muchos obstáculos tanto internos como externos que conspiran contra el cumplimiento de los días de clases y algunos estudiantes pierden más clases que otros; hay jornadas que se dan de forma incompleta. Por ejemplo, cuando no se cuenta con luz o con agua, o falla el Programa de Alimentación, a los estudiantes se les envía a sus casas más temprano y se pierden horas de clase. Cuando el maestro no puede llegar a la escuela, por múltiples razones, como el problema de transporte, muchas veces no hay quien lo sustituya y se retrasan los aprendizajes. Eso sin contar irregularidades como los días en que las escuelas tuvieron que sumarse a actos de campaña”.

La violencia que azota a las escuelas es otra de las causas de pérdida de clases, advierte Pernalete. “Ocurren casos en los que los enfrentamientos entre bandas obligan a suspender las actividades”. El informe sobre derechos humanos en Venezuela que la ONG Provea presentó esta semana da cuenta de cómo la inseguridad afecta las instituciones educativas: “A los ya tradicionales hurtos de equipos y materiales que se perpetraban en las escuelas, en los dos últimos años se suma el hurto de alimentos destinados al PAE y de las cantinas escolares”.

Educación en emergencia

Ramos afirma que la sociedad venezolana padece de ceguera sobre los problemas que afronta el sistema educativo y las secuelas en las nuevas generaciones. “Por la situación del país estamos sacrificando el año escolar y no nos damos cuenta de las implicaciones que eso tiene. Seguimos percibiendo las escuelas como una especie de guardería, de requisito que los alumnos tienen que cumplir, pero en realidad no le damos importancia a si los estudiantes están aprendiendo”.

Las escuelas no están indemnes ante la crisis humanitaria del país, advierte Pernalete, y es necesario que se actúe en consecuencia. “La educación se encuentra en emergencia y el maestro necesita estar entrenado para afrontar lo que ocurre. Los docentes tienen que lidiar con situaciones para las que no han sido formados, como el caso de los niños que tienen duelo porque han perdido familiares por la violencia o porque se han quedado sin sus padres que han emigrado. Todas esas situaciones están afectando lo que ocurre en el aula”.

También parece haber quedado olvidada la promesa de incrementar la calidad de la enseñanza, objetivo para el cual el Ministerio de Educación convocó una consulta nacional en 2015. El país no solo se sigue resistiendo a medirse en los instrumentos internacionales que evalúan el funcionamiento de los sistemas educativos, sino que, como señala el informe de Provea, desde esa fecha “no se publican cifras oficiales que permitan analizar de manera integral la situación de la educación venezolana, como son por ejemplo la tasa de prosecución, repitencia, matrícula indígena, educación especial y población sin atender, entre otras”.

Ramos recomienda que para el cierre de este año escolar se dediquen los últimos días de junio y las primeras semanas de julio a evaluar los aprendizajes que efectivamente se obtuvieron. “Sería ideal poder implementar un proceso de recuperación en vacaciones, que se dieran actividades que al mismo tiempo que recreativas permitieran seguir enfatizando aquellas áreas en las que no se pudieron cubrir los contenidos o programas. Lo que no podemos seguir es resignándonos a que la educación sea una estafa, que prometa algo que luego no cumple porque los estudiantes no aprendieron lo que debían”.

Mientras esa discusión está pendiente, en centros como el Promesas Patrias el deseo es que puedan seguir funcionando. Mijares, cuyas hijas se formaron en esas aulas, no puede evitar las lágrimas frente a la perspectiva de cerrar definitivamente. “Es difícil desprenderse de esta labor, porque esto es como una familia, no se trabaja por un sueldo; así que seguiremos luchando hasta el último momento”.

 

Las cifras desconocidas de la deserción escolar

Una de las grandes interrogantes que debe responderse sobre la situación de la educación venezolana es la relacionada con las cifras de deserción. La Encuesta Nacional Condiciones de Vida de 2017 alertaba que el acceso a la educación para la población de entre 3 y 24 años de edad había disminuido de 78% a 71%. Entre los niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, poco más de 1 millón estaba desescolarizada.

El ministro de Educación, Elías Jaua, afirmó esta semana que no conocía un “reporte masivo de deserción de escolares y de maestros”. Sin embargo, en vísperas de emprender una nueva Encovi, es probable que se haya profundizado la desescolarización, señala la investigadora de la UCAB Anitza Freitez. “El costo de mantener a los niños, adolescentes y jóvenes del sistema educativo en este entorno de precariedad se hace elevado”, advierte.

El informe sobre derechos humanos en Venezuela que acaba de presentar la ONG Provea denuncia la falta de información que impide conocer el estado del sistema educativo, pues por segundo año dejó de publicarse la Memoria y Cuenta del ministerio que se ocupa del sector. Sin embargo, otras informaciones que se difunden por vías oficiales, pese a las inconsistencias, pueden dar una idea de lo que ocurre. “El Ejecutivo nacional continuó emitiendo cifras generales sobre la cantidad total de estudiantes en los niveles inicial, primaria y educación media. De esas cifras se puede constatar una baja importante de la matrícula, sin que el gobierno explique las razones. En enero de 2017 el Ministerio de Educación indicó que la totalidad de estudiantes en esos 3 niveles era de 7.446.515. En agosto Jaua ofreció la cifra de 7.195.335 estudiantes. Es decir, en el lapso de 7 meses, según cifras oficiales, la matrícula se redujo en 251.180 estudiantes a un ritmo de 35.000 cada mes”.

En la medición de la Encovi puede advertirse que 15% de la población escolar de entre 12 y 17 años, un total de 475.000 adolescentes, presentaba rezago; es decir, no estaba en el curso que le correspondía por su edad. Se trata de una población, advierte Freitez, “que presenta un grave riesgo de abandonar el sistema en condiciones adversas si no hay políticas para retenerla”.

 

 El Nacional