DECLARACION DE TEGUCIGALPA

La XII Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) con el tema “Por el derecho a la educación pública, cuidado, transformación y justicia social”, en Tegucigalpa, del 7 y 11 de noviembre de 2022, con el Foro Dakar Honduras como anfitrión.

En este contexto, desde la XII Asamblea Regional de la CLADE,

RECHAZAMOS

La deriva autoritaria en la región latinoamericana y caribeña, la violencia política de Estado, la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos, personas jóvenes, manifestantes, organizaciones de la sociedad civil y contra la ciudadanía en general.

AFIRMAMOS:

1. Que la educación es un Derecho Humano universal, inalienable, irrenunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos, y por tanto es indispensable para la promoción de la dignidad humana.

2. Que como tal, exige contar con sistemas educativos públicos generadores de equidad y con el horizonte de la igualdad y es responsabilidad de los Estados crear las condiciones materiales e inmateriales para su ejercicio a lo largo de la vida, desde primera infancia, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, formal e informal, atendiendo las necesidades de cada grupo, en armonía con su comunidad.

3. Que sus dimensiones, a saber, la asequibilidad, la adaptabilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad, contienen variables e indicadores móviles y contextuales que son una fuente para monitorear y garantizar su cumplimiento por parte de los Estados.

4. Que la educación pública estatal debe ser gratuita, laica, inclusiva, diversa, crítica, democrática, dialógica, interseccional, de colonial, transformadora, política y ciudadana, emancipadora, actualizada, antidiscriminatoria, garante de derechos, ya sea en modalidad presencial, virtual o a distancia.

5. Que en las comunidades educativas deben participar todas las personas, incluyendo grupos históricamente excluidos, como niñas y mujeres, adolescentes, personas adultas y mayores, población empobrecida en zonas urbanas y rurales, distintos pueblos originarios, afrodescendientes, personas con discapacidad y neurodiversidades, personas migrantes, desplazadas y refugiadas, practicantes de religiones minoritarias, campesinas y campesinos, población LGBTQIA+, entre otros.

6. Los Estados deben cumplir de manera progresiva con los compromisos nacionales e internacionales asumidos en tratados y acuerdos de derechos humanos, inclusive la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DEMANDAMOS:

7. Que todos los Estados de la región de América Latina y Caribe garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana. Enfatizamos en la situación de las personas que se han visto obligadas a ser desplazadas dentro de su país o fuera de él, por las diferentes manifestaciones de violencia hacia ellas.

8. Que los Estados garanticen un adecuado financiamiento público de la educación pública, en todos sus niveles y modalidades, considerando los costos directos e indirectos necesarios para garantizar el derecho humano a la educación, y asegurando que el financiamiento sea progresivo y no menor al 6% del PIB y el 20% de los presupuestos nacionales, a través de mecanismos concretos como políticas fiscales progresivas, en un horizonte de justicia fiscal pendiente aún en nuestra región y asegurando la participación ciudadana en la formulación y ejecución del presupuesto educativo nacional.

9. Que los Estados no fortalezcan las tendencias de privatización de y en la educación, a partir de la reglamentación de la actuación de los actores privados en la educación y del establecimiento de claros acuerdos y límites al avance de la mercantilización y el lucro en la educación, así como a la influencia del sector empresarial y corporativo en la definición de las políticas públicas educativas de nuestros países.

10. Que se reconozca y valore en su justa dimensión la profesión docente y se ofrezcan los necesarios espacios de formación y fortalecimiento de capacidades para llevar adelante la educación pública que exigimos y merecemos, incluyendo en ello salarios dignos, respeto al derecho de organización y movilización, oportunidades de mayor profesionalización.

11. Que se aseguren espacios educativos accesibles. abiertos a las comunidades, libres de violencia de género y de otras formas de violencia, dotados de infraestructuras físicas y tecnológicas actualizadas, laboratorios y espacios al aire libre, con ambientes de aprendizaje para el arte y los deportes. De la misma forma, que se garanticen tránsitos seguros al centro educativo y medios de transporte.

12. Que la educación incorpore de manera sistemática abordajes teóricos y metodológicos que evidencien las necesidades educativas de mujeres, hombres, y otras identidades de género y sexuales. Lo anterior mostrando y problematizando las implicaciones de otras opresiones ligadas a la edad, la raza-etnia, la identidad de género, la orientación sexual, la situación de discapacidad, la clase social, la nacionalidad, entre otras.

13. Que los Estados, sociedades, grupos organizados, coaliciones, redes, colectivos de comunicación, e individuos amplíen los espacios y momentos para el cuidado con las personas, incluyendo el autocuidado, promoviendo la transformación necesaria para lograr la justicia social. El cuidado de los cuerpos implica preservar la buena salud mental, la vida humana y de la naturaleza. Es un cuidado comunitario y personal. Es un cuidado de sí y entre sí.

14. Que se declare el acceso a internet como un derecho humano y se transite hacia la transformación digital que demanda: a) acceso universal gratuito y permanente a internet banda ancha; b) dotación gratuita de computadores y aparatos móviles de conexión a estudiantes y docentes; c) arquitectura de la nube soberana dependiente de cada país, con claves de acceso gratuitas para estudiantes y docentes de todos los niveles de los sistemas educativos; d) taxonomía propia para el diseño de plataformas educativas orientadas al pensamiento crítico y la creatividad; e) no transferencia de recursos públicos, destinados a la educación pública, a las corporaciones digitales trasnacionales.-

Declaración aprobada por la XII Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE, en Tegucigalpa, Honduras, el 11 de noviembre de 2022.